Ante la crisis de sistema que estamos viviendo, fruto de la liquidación de la Constitución de 1978 por el nuevo Estatuto de Cataluña y de la rendición del Estado de Derecho ante el crimen organizado, el Partido Popular ha de llevar a cabo de inmediato tres acciones para despertar a la ciudadanía del letargo en el que está sumida por la combinación de una situación económica todavía satisfactoria y de la hegemonía de los medios de comunicación afines al Gobierno:

1) La paralización inmediata de todas las reformas de los Estatutos de Autonomía en aquellas Comunidades donde cuenta con la mayoría absoluta o con el suficiente número de escaños, y su desvinculación total de estos procesos en aquellas en las que carece del peso necesario para influir de manera decisiva. El motivo de tan drástica medida radica en el hecho de que no se puede reclamar una reforma constitucional en profundidad que refuerce la unidad nacional y cohesione el Estado y simultáneamente impulsar normas autonómicas que avancen en sentido contrario.

2) La elaboración de una propuesta de reforma constitucional que devuelva al Estado competencias que nunca debió ceder, que asegure la igualdad de derechos y deberes de los españoles en todo el territorio nacional, que garantice su libre movilidad, que preserve la solidaridad y la gestión común de los recursos naturales y que ponga las bases de un sistema electoral e institucional que impida en el futuro la toma como rehén por parte de los nacionalistas del gran partido nacional que se encuentre en mayoría relativa en el Congreso. Esta propuesta, ampliamente publicitada, debe ser el eje de la oferta electoral del PP en las próximas generales. Obviamente, el complemento de este planteamiento es la promesa de que si el PP obtiene la victoria en las urnas, cerrará de inmediato con el PSOE regenerado que surja tras los comicios un pacto de Estado o un gobierno de gran coalición para llevar adelante la mencionada reforma.

3) El anuncio solemne de que en caso de que el Presidente del Gobierno en su negociación con ETA le otorgue contrapartidas políticas en los campos de la autodeterminación, de la anexión de Navarra al País Vasco o de la liberación de presos condenados por delitos de sangre, el Partido Popular invocará el artículo 102 de la Constitución y presentará en el Congreso acusación de alta traición contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Cualquier otra línea estratégica equivale en las presentes y extremas circunstancias a marear la perdiz y perder miserablemente el tiempo.