Hace unos meses Pasqual Maragall, alto funcionario del ayuntamiento franquista de Barcelona con el alcalde Porcioles, después alcalde socialista y, por último, presidente de una Generalitat nacionalista y socialista, anunció que sufría Alzhéimer.

La noticia sorprendió a quienes recuerdan a este divertido hombretón sonriente y expansivo, principal artífice del éxito de los JJ.OO. de Barcelona 1992.

También asustó: sólo tiene 67 años, lo que advierte que todos podemos ser víctimas de esa enfermedad degenerativa a una edad relativamente temprana.

Según Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), si en 2005 había 600.000 víctimas en el país, en 2025 la cifra será el doble, 1.200.000.

Conocidas ambas noticias, surge el análisis sobre los políticos y sus enfermedades, y cómo pueden cambiar las prioridades del gasto público o privado cuando ya no tienen cargos.

Porque los allegados, amigos y admiradores de este funcionario han presentado días atrás en Barcelona la Fundación Pasqual Maragall para la Investigación del Alzéimer y Enfermedades Neurodegenerativas Relacionadas, que tendrá un presupuesto anual de 15 millones de euros.

Una loable iniciativa, que oficialmente se alimentará con aportaciones privadas, y que las recibirá también de la Generalitat.

Pero esa misma Generalitat, como otros gobiernos regionales, dilapida paquetes de 15 millones de euros alegremente en gastos suntuarios e inútiles, supuestas promociones culturales, imposiciones idiomáticas, regalos fastuosos, y embajadas como si fueran un gran país.

O como el famoso viaje a Jerusalén del propio Maragall y Carod Rovira con un numeroso séquito de romeros informativos pagados con dinero público para hacerse fotos bufas poniéndose coronas de espinas.

Es tiempo de denunciar a los políticos que dilapidan los impuestos de todos en inutilidades y exigirles que los destinen, por ejemplo, a investigaciones como las de la Fundación Maragall.