Estos talibanes de la presunta nación vasca son unos fascistas no solamente por su nulo respeto a los principios más elementales de nuestro sistema de libertades sino porque, en su comprensión de la democracia como un valor que puede malearse sin límite al servicio de las más diversas causas, no dudan en poner las instituciones, las de todos, al servicio de los objetivos más indecentes y más obscenos. En este sentido, proteger a los voceros de los asesinos, comprender a los terroristas, defender a los etarras y, por supuesto, poner en manos de los cómplices de los criminales la estrategia gobernante de todo un Gobierno (que es lo que ha hecho el Lehendakari al dejar la aprobación de su plan en manos de los proetarras del PCTV-EHAK) son algunas de las consecuencias de esta estrategia. Pero a pesar de ser todos estos hechos gravísimos que en cualquier país con una mayor tradición democrática que la española ya hubieran supuesto la suspensión automática y radical de la autonomía vasca, lo más perverso de toda esta esta acción siniestra impulsada por los ultranacionalistas es su capacidad para licuar los principios éticos más elementales, para disolver el valor referencial de las instituciones, para diluir la autoridad de las leyes, para equiparar ignominiosamente la legitmidad de nuestro sistema democrático con las pretensiones de los terroristas y para ocultar el dolor de las víctimas entre los alaridos de apoyo a los verdugos.

Hemos sabido que los fascistas vascos, los, entre otros, Juan José Ibarretxe, Miren Azkarate, Tontxu Campos o Joseba Azkarraga de turno, van a poner en marcha, a través de la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo autónomo, una ley específica para “víctimas de la policía, torturados, desaparecidos y afectados por grupos de ultraderecha” que no estén incluidos en la Ley de Reconocimiento y Protección a las Víctimas del Terrorismo que se aprobará hoy en el Pleno del Parlamento vasco, centrada en los afectados por ETA y los GAL. La propuesta está incluida en un informe elaborado por el máximo responsable de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, y se presentará la semana que viene en la Cámara de Vitoria. La iniciativa se completará, además, con otra ley que tiene tiene como objetivo incluir en la misma a “personas fallecidas o heridas cuando estaban detenidas, torturados en interrogatorios, personas heridas por disparos de la policía cuando estaban bajo su custodia, muertos o heridos en controles de carretera, en altercados con agentes fuera de servicio o al reprimir movilizaciones”. Para el Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe, esta es una ley que protegerá “a las víctimas de actuaciones criminales por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.