Que a día de hoy los vascos no nacionalistas perseguidos o marginados afirmemos que la policía vasca es una policía de partido no debería extrañar más que a ingenuos o malintencionados. Es un hecho comprobable desde la génesis de esa policía que tiene componentes propios de una novela de John Le Carré, pasando por episodios como el reclutamiento de sus miembros a través de listas confeccionadas en los batzokis en los años ochenta,, que fueron objeto de una propuesta de formación de una Comisión de Investigación, derrotada gracias a los votos del PNV y del Partido Socialista –yo era parlamentario en esa época, y culpable por seguir la disciplina de partido-, etc. Habría anécdotas para ilustrar un libro, como aquella manifestación en San Sebastián con ocasión de un asesinato de ETA que fue obstaculizada para dar un trato de favor a otra del mundo abertzale. Por no referirme a experiencias personales que tuve yo en persona, de las que tengo testigos, en que se daba prioridad a Gestoras Pro Amnistía a las concentraciones convocadas por el Foro Ermua con ocasión de asesinatos etarras por parte de determinados comisarios políticos en la Ertzaintza. El anecdotario daría para ilustrar un libro. Pero no me voy a referir a todo esto para no alargarme ni desviarme del objeto de la cuestión.

El objeto es que un tribunal vasco ha aceptado convertir a víctimas en agresores. Ha invertido el resultado de la causa, de tal manera que el Sr Aguirre, vicepresidente del Foro Ermua, y digno ciudadano de la causa constitucionalista y democrática, ha pasado de haber sido demandante a demandado. Ha pasado de ser agredido mediante una patada que un carcamal neardental del PNV, acompañado de unos cuantos centenares de ídem, le atizó en las gónadas cuando acompañaba a los letrados del Foro Ermua y Dignidad y Justicia en la causa abierta contra el ciudadano Ibarretxe, a acusado por promover desórdenes públicos. Es surrealista y kafkiano. No hay más que ver las imágenes televisivas para comprobar que cuatro personas no podían materialmente ser artífices de ningún desorden público, y que ejercían sus derechos, como es el constitucional de libre tránsito por la geografía nacional, lo que es lo mismo que transitar por los accesos al tribunal de Justicia donde se celebraba la vista.

Esta realidad demuestra el estado de la Justicia en el País Vasco, el secuestro de las libertades, la marginalidad en la que vivimos los perseguidos por todas las instituciones incluidas las judiciales, y la perversidad moral global, en todos los órdenes, que se ha infiltrado en todo el tejido social e institucional.

Y ese tribunal lo hace en base de un informe de la Ertzaintza totalmente tendencioso y orientado por intereses políticos. Yo animo al Foro Ermua a denunciar a los informantes por presunta prevaricación.

Yo estoy indignado. ¿Quién puede afirmar que estamos en un Estado de Derecho y en una Democracia?

A los hechos me remito.