Desde hace unos meses, El País ha intensificado su labor de moldeo de la opinión pública para generar forofos incondicionales de Zapatero. Mientras éste pasea apaciblemente por el coto de Doñana, el “periódico global en español” abre la sección de economía con un titular a medida: «El Gobierno se anticipa a la crisis»; y explica en el subtitulo: «Zapatero ultima un plan de choque para paliar la desaceleración económica». Llama la atención que ahora, a mediados de Marzo de 2008, se insista en el concepto “anticipar”, cuando respecta a una crisis que comenzó a mostrar consecuencias en Julio de 2007, y que, por tanto, se estuvo gestando anteriormente. Ya algunos expertos —los más audaces— advertían sobre la llegada de este problema, y eran tildados de antipatriotas. El Gobierno ha tirado balones fuera, y cuando no, ha preferido atacar a los que osaban criticar su labor económica hasta su victoria en las elecciones generales. Es ahora, cuando más lejos quedan las siguientes elecciones, el momento en el que se admite. Eso sí, se están “anticipando” a la crisis.

El reportaje algodonado desgrana las medidas de ese supuesto “plan de choque”, cuyo efecto sobre la crisis tengo mis dudas de que vaya a servir para más de un titular:

La medida estrella es la devolución de cuatrocientos euros a todo el que cotiza IRPF. Se presenta bajo el antetítulo «Proyectos fiscales», pero todo lector crítico advertirá que el hecho de presentar el pago de cuatrocientos euros como una deducción fiscal es una improvisación posterior a su efectista anuncio. Los comentarios en la opinión pública sobre la “compra de votos” dificultaba la entrega en mano del dinero que previamente habían recaudado al contribuyente. Por ello hubo que disfrazarla. Pero, ¿de qué forma palia la crisis la deducción de veintiocho euros por mensualidad? Algunos la critican por no ser progresiva, aunque en mi opinión es “semiprogresiva”. Es decir, que el reparto no es progresivo, sino de cuantía constante, pero la recaudación —a menudo se olvida de dónde sale el dinero— sí que lo era. La verdadera cuestión que me intriga es si el Gobierno considera que las deducciones fiscales —o el descenso de la presión fiscal en general— mejoran la economía o la empeoran. En caso de situarnos en la primera opción, podríamos estar hablando de una reformulación del modelo socialdemócrata. Sin embargo, el resto de las medidas que tratan van en sentido opuesto.

Se propone la puesta en marcha de un Observatorio de Precios, que, según se describe, es un organismo para «rastrear el proceso de formación de precios desde el origen hasta la venta final», de forma que se pueda «averiguar en qué eslabón de la cadena se hincha artificialmente el margen de beneficio».

Esto dice expresamente que el problema de la subida de precios es que hay algún intermediario que los hincha artificialmente, que se queda el dinero. Va en la vieja pero efectiva línea de criminalizar al intermediario, cuando, precisamente, lo que sube es el petróleo, que al que afecta principalmente es al sector transporte. Pero si ser intermediario es tan rentable, ¿porqué las empresas que están en el primer paso de la cadena no abarcan también el intermedio? ¿No les compensa ganar dinero sin esfuerzo? El hecho es que queda bien de cara a la galería, pero lo cierto es que montar ese organismo es caro e inútil —como todos esos organismos—, y es otra dosis de presión fiscal que se carga sobre los contribuyentes.

De igual forma se sigue en este otro sentido, haciendo creer que aumentando el gasto público, y por lo tanto también la recaudación, se da la paradójica consecuencia que el contribuyente dispone de mayor facilidad para afrontar la crisis. Se prometen, por ejemplo, un ingreso extra de trescientos cincuenta euros para parados, y se pone en marcha otro organismo de mil quinientas personas —de nuevo a cargo del contribuyente— para «reconducir a los desempleados», como si el problema fuera que no tienen trabajo por su ineptitud al buscar. Además, el Gobierno pretende poner en marcha nuevas obras públicas —se deduce que innecesarias, puesto que de otra forma no habrían sido puestas en marcha—, para acoger a los parados de la construcción. También a cargo del trabajador. Y por supuesto, una nueva partida de viviendas de protección oficial, cuyo dinero sale de los ciudadanos que pagan viviendas normales, la inmensa mayoría. Permítanme tener mis dudas sobre la capacidad que tiene un gobierno de paliar una crisis económica metiendo la mano en el funcionamiento de un mercado ya maltrecho, desviando cauces naturales de trabajadores, o incluyendo organismos.

Vivimos en la época en la que los socialistas cantan al superávit, olvidando que hace pocos años defendían el déficit como gato panza arriba. El superávit no quiere decir más que se recauda más a los ciudadanos de lo que se gasta en ellos. Muchos socialistas defienden la fiscalidad “anticíclica”, que consiste en tener superávit en época de vacas gordas, y déficit en tiempos de desaceleración. Y ahora nos encontramos con la contradicción de que tenemos superávit en plena desaceleración. Es decir, precisamente lo contrario ¿Para cuándo dejar de marear al contribuyente prometiéndole la solución a sus problemas económicos mientras se le quita el dinero?

Puede que el país de las maravillas que ha pintado Zapatero en debates y discursos no sea del todo maravilloso. Ya los propios socialistas comienzan a admitirlo. Pero que nadie se preocupe: el Gobierno, con este plan de choque, se “anticipará” a la crisis.