El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado la suspensión por tres años de las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) -que no podrá concurrir a las elecciones generales del próximo 9 de marzo- y de EKAK.

En los autos notificados por el magistrado se dispone, además, la clausura por ese mismo periodo de tiempo "de las sedes, locales, establecimientos y cualesquiera otros centros" de los que dispongan los partidos y el bloqueo de sus cuentas, entre otras medidas. Sin embargo, esta decisión no afecta “a las actividades que como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños puedan ostentar personas integradas" en ANV y en el EHAK-PCTV, que mantendrán sus puestos en los Ayuntamientos y en el Parlamento vasco.

Quienes llevamos años señalando que tanto ANV como EHAK-PCTV no son más que otra expresión, la más cínica de todas, del terrorismo etarra y del totalitarismo nacionalista vasco, no podemos más que mostrar nuestra más absoluta satisfacción por esta decisión judicial pero, al mismo tiempo, no podemos evitar preguntarnos por las razones por las que esta medida no se tomó mucho antes. El final feliz de este proceso bochornoso (lo que ayer era perfectamente legal hoy no lo es dependiendo de cuál sea el estado de las relaciones entre el Gobierno socialista y la banda terrorista ETA), debe hacernos estar alerta ante otros momentos negociadores que, sin duda, llegarán en el futuro, tal y como ya ha anunciado el siempre inoportuno e intelectualmente indigente Miguel Buen, cabeza de lista socialista por Guipúzcoa.

En este sentido, hemos repetido en multitud de ocasiones que el comportamiento del Ejecutivo socialista en lo que hace referencia al proceso de ilegalización de ANV y del PCTV ha estado bordeando el delito de alta traición, ya que el Ejecutivo disponía desde comienzos de 2007 de informes policiales extensos, completos y concretos que hubieran permitido, con absoluta rotundidad, que estas dos franquicias proetarras pasaran a la ilegalidad. Pero el Gobierno no lo hizo así para mantener vivas las negociaciones políticas que en aquel entonces mantenía con los criminales. Pero no solamente fue el Gobierno. El mismo Baltasar Garzón, que felizmente, ahora se ha convertido en el brazo ilegalizador de los voceros de los criminales, afirmó en su día que estas cosas dependían del ambiente sociopolítico existente en cada momento, dejando en el aire la terrible sospecha de que si la banda terrorista ETA detuviera su actividad asesina, podriamos encontrarnos, quizás, con la existencia de delitos que quedaran impunes para no crispar la situación y romper las “expectativas de paz”...

Sinceramente, no podemos más que felitarnos por la ilegalización de ANV y el PCTV. Pero hay que decir muy claro y muy alto que este pito pito gorgorito ilegalizador ha sido algo terriblemente impúdico y que ha resultado absolutamente escandaloso contemplar cómo, durante un tiempo siempre demasiado largo, las instituciones de este país, salvo honrosas excepciones protagonizadas, entre otros, por la Guardia Civil o por el juez Fernando Grande-Marlaska, se han paralizado en su defensa del sistema democrático y se han convertido en simples títeres de alguien éticamente apático, ideológicamente ignorante y políticamente vacuo como José Luis Rodríguez Zapatero y su equipo de Gobierno.