En una sociedad plural en la que existe separación entre la religión y el Estado, es evidente que la enseñanza de la religión ha de ser opcional. Una asignatura obligatoria de esta materia, como tuve yo durante los siete años de mi bachillerato, sería contraria a las libertades fundamentales consagradas en nuestra Constitución. Por tanto, creo que poca gente, salvo integristas declarados, discute hoy en España que los padres han de poder decidir si desean que sus hijos reciban instrucción sobre la fe católica o, si el número de alumnos lo justifica, sobre cualquier otra creencia trascendente.

Ahora bien, el carácter evaluable o no de esta disciplina no es un asunto que resulte tan claro. Mi opinión personal es que si se hace una cosa, hay que hacerla bien, y que las tareas a medias siempre acaban siendo frustrantes.

El derecho de los padres a elegir para sus hijos la asignatura de religión debe ser ejercido de manera completa y una materia que se enseña, pero que no se evalúa, adquiere inmediatamente en términos curriculares la condición de conocimiento de segunda.

En la etapa de formación de un adolescente es esencial inculcarle la conveniencia del esfuerzo y del rigor en el aprendizaje, por lo que la inclusión en su programa de formación de una materia de la que no hay que acreditar después su nivel de asimilación con efectos calificatorios adquiere de inmediato a los ojos del educando el carácter de algo secundario o superfluo.

Así, la incorporación de la religión no evaluable al plan de estudios tiene un efecto contraproducente porque es percibida por el alumno como una pérdida de tiempo o como una asignatura de rango inferior, lo que le predispone en contra de sus contenidos materiales y de sus componentes normativos.

La negativa del Gobierno socialista a que la religión, una vez libremente elegida por los padres, sea una materia como las demás y a que a los ojos de los que la cursan se sitúe en el mismo rango que las matemáticas, la química o la geografía, es una trampa para degradarla mientras se finge que se propone un compromiso que la intransigencia de la otra parte se niega a aceptar.

De la misma forma que no sería admisible la obligación general de asistir a la clase de religión, es inaceptable que se fuerce a los padres que sí quieren que sus hijos sean instruidos en sus convicciones escatológicas y morales a conformarse con un producto mutilado y rebajado a "maría" en la que se desperdician unas horas que se podrían dedicar a materias "serias", al ocio relajante o al descanso reparador.