Las personas tienen creencias. Las leyes no. O no deberían.

La campaña iniciada por el PSOE y el mismísimo Gobierno contra la Iglesia Católica, a raíz de los recientes actos en favor de la familia celebrados en Madrid, forma parte de la paulatina desdemocratización de la vida política española a la que estamos asistiendo de manera más acusada en los últimos años. Nadie puede pedir silencio a otro sólo por el hecho de pensar y proclamar ideas diferentes. Esto, que entre dos individuos no pasaría de ser una falta de educación, se convierte en represión y atentado contra la libertad de expresión en el momento en que es un Gobierno el que toma la mordaza en la mano y se la impone a un grupo de ciudadanos.

Quienes acudieron a la llamada de la Iglesia Católica para manifestar su apoyo a la familia cristiana se limitaron a expresar su opinión. Pueden estar o no equivocados, pero jamás se les puede negar el derecho de manifestar en público sus creencias. Las diatribas de los diferentes dirigentes del PSOE que estos días han tomado la palabra apenas si merecen atención. Decenas de miles de familias cristianas están formadas por dos cónyuges trabajadores. Para decenas de miles cristianos no existe un problema de homofobia. Decenas de miles de familias cristianas comparten banco de iglesia con madres solteras/viudas y/o, padres solteros/viudos y jamás he asistido a la difamación vía vox populi de nadie en esas condiciones. Defender una determinadad forma de familia no implica necesariamente condenar todas las demás.

Para mí un matrimonio y una familia son el fruto de la unión voluntaria de una mujer y un hombre. Ocurre que el estado se autoarroga la autoridad de premiar con ventajas fiscales y legales a quienes declaran su situacion matrimonial y familiar ante él. Esta intromisión intolerable en la vida privada de las personas es la que nos ha llevado a la actual situación. Para evitar cualquier acción discriminatoria es fundamental que la ley reconozca los derechos fiscales y legales de los homosexuales que viven en pareja. Pero no sólo a ellos. Las ventajas fiscales otorgadas por el estado se basan en un principio solidario, pretenden apoyar a quien tiene a su cargo personas incapaces (niños, minusválidos, ancianos) de generar ingresos. Esto amplía el espectro de quienes deberían estar beneficiados por el estado. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica se beneficia en España de una situación de privilegio mediante el vigente Concordato. Tanto en un caso como en el otro asistimos a claros hechos de desigualdad ante la ley e injusticia por discriminación positiva.

Devolver al terreno de lo particular todo lo que ataña a la familia y a las creencias de las personas (desregular el matrimonio y anular el Concordato en este caso) es fundamental para evitar el paternalismo estatal y las desigualdades ante la ley. Las desaforadas críticas de destacados miembros del Gobierno y el PSOE hacia la Iglesia Católica no nacen de la defensa de un principio igualitarista , ni siquiera de “justicia social” como pudiese parecer. Nacen del más puro sectarismo, ése que premia por ley a determinados grupos sociales dejando en clara desventaja a los demás. Nacen de una pretendida superioridad ética, que en realidad se trata de una apreciación moral, que no es tal. Cada cual es muy libre de creer lo que quiera y defenderlo en público. Negar ese derecho a un grupo social y sus representantes, en este caso la Iglesia Católica y sus fieles, es un acto claro de represión totalitaria.