El Gobierno socialista, así como sus adláteres mediáticos y sus secuaces tertulianos, ha emprendido una campaña absolutamente tramposa para embarrar la reforma fiscal propuesta por Rajoy, y para neutralizar la imagen con la que ha salido de la convención organizada por su partido. Dicha convención perseguía, principalmente, el objetivo de allanar el terreno ideológico en el que después se enmarcaría el programa electoral con el que el PP concurrirá a las próximas elecciones, actualmente en pleno proceso de elaboración en el laboratorio de Juan Cuesta. Los que lo hemos seguido, después de escuchar el adelanto de algunas de las líneas maestras del programa, para bien o para mal, hemos podido extraer algunas conclusiones interesantes. Se ha dejado ver en algunas afirmaciones, aunque con tiento, una edulcorada política de gasto público, sin duda para tratar de abrazar tanto a los sectores socialdemócratas descontentos, a los conservadores o democristianos partidarios de la intervención pública —que son la mayoría—, formando ese conglomerado moderado y electoralista, tan contradictorio como políticamente práctico, que llaman centro-reformismo.

Sin duda, la propuesta más llamativa de cara a los medios y sobre la que se debate en los mentideros políticos ha sido de corte liberal: una reforma fiscal que, en boca de Mariano Rajoy, pretende ser la mayor de la democracia. Consiste, básicamente —sabremos los pormenores cuando se presente el programa electoral—, en una bajada general de los tipos del IRPF, y de la exención de aquellos trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a 16.000 euros. Supondría la tercera reducción seria del IRPF, siempre llevada a cabo por Gobiernos del PP, con lo que los intentos desde sectores socialistas de tildar la propuesta de electoralista u oportunista, puesto que Rajoy y los suyos ya han demostrado que son más de fiar a la hora de llevar a cabo reformas bien medidas y estudiadas que el sonriente y ocurrente «Z» quedan, desde mi punto de vista, como un primer intento argumental.

La reacción del PSOE, y seguidistas e interesados en su victoria, ha sido dura y nerviosa, dejando patente que el argumento de la incapacidad del PP para proponer alternativas e ideas se diluye y se deshace. Ha declarado el Ministro de Economía, Pedro Solbes, que con esa reforma se perderían 25.000 millones de euros, aprovechando la inercia intervencionista instalada en las opiniones de los ciudadanos. ¿Se perderían? La declaración es por supuesto tramposa, pues no señala quién lo pierde, y, como ese dinero no se evapora, tampoco quién lo gana. Lo pierde el Gobierno, en esas arcas en las que se usa en las más inútiles y a veces contraproducentes misiones, habitualmente destinadas a extirpar y atribuirse parte de la libertad individual. Y ganan los ciudadanos, fundamentalmente los que disfrutan de rentas más bajas. Reformulando la afirmación de Solbes, podría decirse que lo que se dejan de quitar a los ciudadanos por el método impositivo son 25.000 millones de euros. Bendita pérdida.

Las consecuencias no se limitan al dinero “no extraído” correspondiente al fruto del trabajo de la gente, sino que, como siempre que se atribuye mayor libertad a los ciudadanos, mejora la competitividad de las empresas, se amplían puestos de trabajo, aumentan los sueldos y se flexibiliza el mercado, además de dotar a las personas de más dinero para que así puedan combatir el grave endeudamiento, el disparo de los precios de los productos cotidianos y de las hipotecas, realidades que comienzan a dibujar una atmósfera de desaceleración de la economía nacional, concordante con el mal estado de algunas economías familiares, sin duda, muy afectadas por el notable aumento de la presión fiscal.

Es preocupante el nivel de concienciación y aceptación social del intervencionismo; lo asumidos que están los “beneficios” de los recortes de libertad. Eso explica que muchas de las voces críticas, siempre en un tono irritado, hayan tratado de contrarrestar la reforma fiscal que ven asomar mediante argumentos peregrinos, como los que se preguntaban de dónde se iban a sacar lo que “se pierde”. Esa aceptación se ve incluso en algunos que la apoyan, como los que afirman, probablemente con buena intención, que al reducir la presión fiscal se estimula la actividad económica, y se terminan recaudando más impuestos debido a la mayor y más eficaz producción. Los primeros han asumido como si fuera el único cambio posible el “trilerismo fiscal” que practican los socialdemócratas —te bajo los impuestos por aquí, pero suben por allá—; y los segundos adolecen de los efectos del pensamiento único.

Las bajadas de impuestos que pretenden subir la recaudación son bajadas de corto alcance. No es sino un recorte del ya insostenible gasto público lo que consigue una bajada de impuestos seria, y una mejora de la actividad económica y de la libertad, de otra forma imperceptible. Actualmente lo fácil y lo rentable para el político es declararse partidario de bajar los impuestos y no hacerlo, y de tender de forma aparentemente irremediable a aumentar el gasto público. Sobra la gran mayoría de dicho gasto. Sin ir más lejos, como botón de muestra, esta mañana me he fijado, sin extrañarme ya, en que la mayor parte de las cuñas publicitarias en una cadena de radio estaban pagadas por nosotros, e iban destinadas a practicar el autobombo y cantar loas a los múltiples gobiernos que nos controlan —Estado, Comunidad, Municipio—. De esa forma se desangran los presupuestos públicos, con tantos recortes, servicios y productos completamente inútiles e ineficaces.

No será el idóneo el panorama que pueda quedar tras la reforma fiscal de Rajoy, pero es aplaudible por la dirección en la que apunta. No dispararé contra ella pese a algunos complejos que arrastra. La aplaudiré, pues es no ya beneficiosa, sino necesaria. Al fin y al cabo, como afirmó Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976 y faro liberal de muchas personas: «estoy a favor de reducir los impuestos bajo cualquier circunstancia, con cualquier excusa, por cualquier razón y siempre que sea posible».