Es importante, para abordar un complejo análisis reformista, establecer el marco en el que se debe encuadrar toda la estructura política y social; esa estructura que debe sujetar con firmeza todo el ensamblaje de relaciones estatales e interindividuales. De esa forma se cumpliría el importante objetivo de no perder la noción de por qué las cosas son de una u otra manera, y así tener presentes las posibles disfunciones que pueden poner en peligro la convivencia. En muchas ocasiones la semilla de inestabilidad de dicho sistema no se encuentra tras el dedo que algunos alzan, tras sus eslóganes y consignas, sino que puede estar soterrada y encubierta por sus beneficiarios. Por ello es fundamental definir el marco, de modo que quede bien calzado en la tierra como cimiento sobre el que, después, habrá que construir el campo de libre actuación de una sociedad abierta.

La democracia no es un sistema perfecto. El representante usualmente utiliza el poder delegado para atribuirse más poder, para abarcar el máximo rango posible en el espectro de decisión de la vida privada de los individuos, y utiliza herramientas por todos conocidas para hacerlo, como pueden ser la demagogia o el populismo. El soberano en una democracia, que es el pueblo sin escalafones ni jerarquías de forma que todos disfruten del mismo peso con independencia de su raza, sexo, credo, localidad o poder adquisitivo, puede verse preso de medidas inadecuadas tomadas por los representantes por el simple hecho de que necesitan ganar unas elecciones: las comúnmente llamadas medidas electoralistas. Queda patente si miramos hacia atrás, de hecho, que las medidas más acertadas muchas veces han sido impopulares; y también, pese a que en ese momento hayan sido rechazadas por muchas personas o grupos de opinión, a la larga los ciudadanos normalmente han sabido apreciarlo.

Por lo tanto, son múltiples los puntos débiles del sistema democrático. Sin embargo, la democracia es el único sistema capaz de permitir la existencia de la libertad individual, y eso es lo que la hace radicalmente necesaria. Cualquier otro sistema que no parta de la base de que el conjunto de los individuos son los que deben sustentar la soberanía, y que han de elegir a sus representantes mediante el sufragio universal, ineludiblemente está llamado a devenir en tiranía.

La democracia es, por tanto, condición necesaria para garantizar la convivencia y la libertad, pero no es condición suficiente, y tal vez sea éste el punto más importante por el riesgo que hay de tropezar con él al permanecer oculto tras la niebla de la coyuntura política. Es esto, precisamente, lo que toca este pequeño ensayo por entregas: la idea de que para alcanzar la libertad individual plena es necesario no quedarse en haber alcanzado el sistema democrático, que no es otra cosa que un primer paso, sino que es necesaria una serie de reformas y cambios en la forma de entender el autogobierno de los individuos, que conformen los sucesivos pasos que discurran por la senda de la libertad.

Es un grave error considerar toda mayoría como legítima. Una elección mayoritaria no puede, por ejemplo, aprobar por ley la usurpación de propiedades de los individuos, o someter a una minoría de la sociedad al servicio de la mayoría. La gran enseñanza de algunos de los más despóticos e inhumanos regímenes es que fueron elegidos por mayoría democrática, como es el caso de Hitler y el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Toda elección legítima tiene que respetar la libertad individual, y esto no es tan obvio como parece, pues, pese a que somos precavidos en los ejemplos más extremos y notorios, muchos pasan ante nuestros ojos sin que apenas nos demos cuenta. Es importante caer en la cuenta de que la democracia es compatible con el totalitarismo, y que es éste, tanto en su versión más clara y brutal como en las descafeinadas y embaucadoras, el que hay que combatir con determinación y sin complejos.

España se toma mundialmente como ejemplo de transición democrática a partir de una dictadura y de una sucesión de períodos convulsos y totalitarios, y se hace en mi opinión con buen criterio. Es alabable la labor de los dirigentes que llevaron a cabo la Transición, y, por supuesto, la ejemplar actitud de quien realmente la hizo posible, que fueron sus ciudadanos. Sin embargo, no se debe olvidar que nuestra democracia es aún joven e inexperta, y que, aunque actualmente se extiende en algunos sectores de la sociedad la idea de que somos adalides de la democracia, debemos actuar con tiento antes de dar lecciones. Por ello corremos el riesgo —si no adolecen muchos ya de ello— de creer que la democracia, esa conquista tan fundamental y necesaria, es un fin en sí mismo, cuando realmente no es sino un medio para alcanzar la libertad. Muchos son los que señalan zonas de sombra en el resultado de aquel salto a la democracia, y es cierto. Encajar las piezas que hacían posible la Transición era tan trascendental como complejo. Hay que tomarlo como un avance, uno de los más importantes de nuestra vieja Historia, pero no como un proceso concluido. Hay que seguir avanzando hacia la libertad, y ahora que nuestro éxito es palpable y reconocido, sería absurdo —pese a que muchos ejercen presión para ello— quedarse en el camino. Es extremadamente importante alcanzar la democracia, en efecto, pero tan importante como que hay que dar un primer paso para empezar a caminar.

El poder que emana de la soberanía nacional debe tener una representación que permita hacer efectiva la estructuración del sistema en tres estadios divididos de forma estanca: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cuyas decisiones se controlen por todos los ciudadanos que aman la democracia y la libertad mediante los mecanismos habilitados para ello. Sin embargo y en término previo a esto, para que pueda existir una democracia es condición «sine qua non» la laicidad, es decir, la separación entre el Estado y la religión, pero sin caer en equívocos minuciosamente inculcados.

Es muy habitual confundir laicidad con laicismo, puesto que concurren en el término «laico», pese a su significado, no sólo distinto, sino también excluyente. La laicidad afirma que las estructuras religiosas deben estar separadas del Estado, en la que los ciudadanos tienen la libertad absoluta de profesar y practicar sus creencias tanto en privado como en público, sin que se les imponga un determinado credo como oficial. En ocasiones esto se confunde, sobre todo en sectores interesados, como el impedimento de que las jerarquías religiosas y los creyentes manifiesten su moral como raíl sobre el que deben transcurrir las decisiones que tomen los representantes políticos que ellos personalmente nombren. Los individuos que comulgan con una creencia religiosa deben elegir representantes de acuerdo con su moral, que es la base de su filosofía de vida, y, por lo tanto, política; del mismo modo que cualquier persona que basa sus ideas en una filosofía o ideología determinada debe aspirar a que su representación concuerde con ellas.

Estos sectores con lo que realmente confunden la laicidad es con el laicismo. Éste hace ostentación de la libertad de culto mientras realmente la restringe, relegándola a la clandestinidad de la vida privada. Es, por ejemplo, el caso de Francia, en el que se persigue por ley las religiones en la vida pública, cercenando la libertad de culto en un ámbito fundamental de la vida de las personas. Es la sustitución, por así decirlo, de la religión de cada uno por otra oficial.

Es clave para que la democracia sea verdadera que los individuos puedan profesar sus diferentes creencias o filosofías sin imposiciones ni restricciones, tanto en ámbito privado como público, y congregarse en libertad en distintos grupos para compartir sus creencias y ritos. En ese aspecto, España en su Constitución se declara aconfesional —y por lo tanto laica, en contraposición a laicista—, de forma que no obliga el culto a sus ciudadanos como sucedía anteriormente, y como sigue haciéndose en otros países como Irán o Arabia Saudí. Así, con el sistema laicista, se facilita el hecho de que las creencias de cada uno puedan ser practicadas con libertad, y que además se pueda profesar en público sin temor a represalias. Es, realmente, el sistema que más facilita la convivencia, el que favorece el respeto, y el que más promueve la libertad. Por ello debemos ser conscientes del marco en el que nos encuadramos y combatir los intentos que permanentemente nos asaltan de introducir el laicismo, la prohibición pública de la profesión de creencias religiosas, de forma que, con ello, seamos cristianos, judíos, musulmanes, agnósticos o ateos, conservemos también la libertad de practicarlo, y de poder decirlo en alto.