El crecimiento descontrolado del Estado tal vez sea el punto a cambiar más importante de cuantos bloques forman el edificio de la que debería ser la sociedad abierta; es la clave de bóveda sobre la que el Estado de Bienestar descansa. El problema, por lejano o brumoso que pueda parecer y por extraño que pueda sonar, radica en que está llamado al colapso, y con ello condenado a arrastrar a todo el sistema. No es más que el reverso de la moneda del atractivo colectivista, lo que dificulta a las ideologías liberales e individualistas establecer las guías según las que se debería articular la sociedad. Enfermedad y paliativo al mismo tiempo.

Por extraño que pueda parecer, el dinero no es más que libertad en estado líquido. Como bien explicó Hayek, la sustitución de los bienes físicos por la moneda permitió que, en lugar de por un objeto o un servicio, los individuos pudieran intercambiar productos por algo de un valor determinado pero que pudieran usar en lo que creyeran conveniente, según su escala de prioridades. Esto es de vital importancia, pues así se permitía que todas las personas, independientemente de sus prioridades, pudiera satisfacer sus necesidades.

No es casual, ni mucho menos, que actualmente el dinero sea un concepto denostado sin piedad por aquellos que dependen de una ideología colectivista, intervencionista y de planificación económica estatal; de los que basan su política en apropiarse de la propiedad privada de los ciudadanos. Los términos referidos a esto han sido degradados o implantados con connotaciones negativas, como lucro, beneficio, privado o capital, tratando de hacer ver que tener dinero es malo, que parezca que nos quema en las manos, y que así lo soltemos mejor. La expropiación del dinero es la menos dolorosa de las expropiaciones, ya que, como es un valor no físico, su propietario puede elegir a qué debía ir destinado: lo será a los últimos puestos de su escala de prioridades, manteniendo las primeras intactas. Esto consigue que los ciudadanos no se levanten contra el hecho de que la propiedad se retira para llevar a cabo la redistribución de la riqueza en la que se basa el Estado de Bienestar. Si en lugar de utilizar el método impositivo con el dinero, se obligara, por ejemplo, a tapiar un 30% de la vivienda que los individuos logren adquirir mediante el esfuerzo, y albergar ahí gratuitamente a una familia a elección del Estado, la sociedad entera se opondría sin dudar. Pero no así con el dinero, aunque también sea una propiedad legítimamente adquirida; una propiedad de pérdida menos dolorosa que permite sobrevivir a las políticas intervencionistas que respiran gracias a la redistribución de la riqueza.

Una vez anestesiados en la facilidad de soltar el dinero en forma de impuestos, sin límite alguno, es necesaria también para las ideologías colectivistas decidir cómo se reparten. Así, el Estado de Bienestar toma un importante privilegio, en alza a día de hoy y sin visos de ser corregido: la facultad de decidir una escala de valores y prioridades para los ciudadanos, negándoles el derecho a elegir. Es la confusión en el papel del Estado. Lejos de dedicarse a garantizar que los individuos puedan tomar sus decisiones en libertad, toma por ellos dichas decisiones, ajenos a la posibilidad de que pueda haber discrepancias entre unos y otros en igualdad de legitimidad. Para ello, por supuesto, necesitan, no sólo privar al individuo de dicha libertad a la hora de tomar sus decisiones —a veces se le llama eufemísticamente “solucionar sus problemas”—, sino una dotación económica extraída del trabajo de los ciudadanos. Lo que es evidente, y así ha quedado patente durante el siglo XX, es que si es el Estado el que debe tomar las decisiones por los ciudadanos se necesitaría unos recursos casi infinitos y estarían invertidos de forma arbitraria. Ningún Estado puede tener tanta capacidad. El sistema real colapsaría.

La trampa la hemos pisado, y nos ha atrapado. Nuestro sistema no es el de la planificación económica central, demostrado fiasco y causante de hambrunas y miseria a lo largo del siglo XX. No hay más que mirar el Índice de Libertad Económica que publican los institutos Fraser (Canadá) y Cato (EE.UU.), y comprobar dónde se vive mejor, en los puestos superiores de libertad económica —Hong Kong, EE.UU., Reino Unido o Canadá—, o en la cola de la lista —Zimbabwe, Congo, Angola o Venezuela—. De hecho, gran parte del éxito en la implantación del Estado de Bienestar es hacer creer que es completamente diferente al de la planificación central. La trampa anida en que hay mucha parte de la riqueza del país en manos de los individuos, que pueden manejarla con una relativa libertad. Es eso, precisamente, lo que hace creer a la gente que vivimos en una atmósfera de libertad económica: que existe, con mayor o menor dosis de intervencionismo, en el acceso al mercado con el dinero que controlamos. A ello se añade, tal vez, el impulso más importante para el desarrollo económico y social: la seguridad jurídica. Es decir, la garantía por parte del Gobierno de que se cumplen los contratos, de que se cortan los delitos y las estafas, y de que se garantiza con relativo éxito el libre intercambio —en la palabra relativo caben muchos “peros”, como el lector entenderá—. Sin embargo, casi la mitad del PIB está directamente controlado por el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado. Detrás del velo gubernamental se esconde la auténtica “planificación central” con la mitad, a grandes rasgos, del PIB; allí se asienta la ineficiencia, la estanqueidad, la ralentización del crecimiento y la pérdida de libertad de los ciudadanos a cambio de servicios obligatorios y caros usados por un Gobierno que tiene la necesidad de ganar las elecciones.

El Estado de Bienestar se sitúa en la arista de la doble vertiente, a medio camino entre los dos sistemas. Pero, en contra de lo que mucha gente tiende a pensar, en el punto medio no siempre está la virtud, pues, al igual que el punto medio entre el bien y el mal no es lo óptimo, tampoco —y pido disculpas a la gente de mente socialdemócrata por la comparación— se encuentra la virtud en el punto medio de la libertad y el intervencionismo. A lo que se añade que no estamos, como muchos piensan, más cercanos a la libertad que a la planificación central, sino que situados en el doble sistema —mitad de la riqueza en manos de los individuos y mitad en manos del Estado—, a veces, y cada vez en mayor medida, la irreprimible tendencia del Gobierno a meter la mano en la riqueza “libre”, y así condicionar las decisiones, queda patente.

Resulta escalofriante cómo al concluir cada debate parlamentario, cada tertulia, en muchas editoriales y artículos de opinión, o al confeccionar cada resolución política, se exige siempre un aumento del gasto público y el cierre de puertas en la libertad de los ciudadanos en sus decisiones. Últimamente lo vemos mucho: quieren sancionar a quien coma hamburguesas, al que beba vino, al que hable tal o cual lengua; quieren controlar las empresas “estratégicas”, como las de energía, de comunicación o las de transporte. La lista sería tan larga que hasta al lector más avezado haría una parada en medio de la lectura para descansar.

Si aceptamos que el papel del Estado es el de resolver los problemas de la gente en lugar del de permitir que los individuos los resuelvan garantizando su libertad, el gasto se disparará, y mediante la coerción impositiva se seguirá incrementando el tamaño del Estado a costa de la libertad individual. Es la consecuencia de vivir en un sistema doble, en el que cada uno se rige por unos principios diferentes e incompatibles. Si queremos aplicar lo que dictan los valores “socialistas”, es imposible quedarse en la arista de la doble vertiente si no es soportando una contradicción de principios.

Es sólo gracias a un cambio en la mentalidad de los ciudadanos sobre la definición del papel del Estado como se puede detener el incontrolable crecimiento del Estado. Puede que el gran éxito para la permanencia del Estado de Bienestar sea el hecho de que parece que los servicios que ofrece el Estado son gratuitos, cuando lo cierto es que no sólo son más caros, no sólo son más ineficientes, no sólo encarecen la mitad “libre” del sistema, no sólo restan libertad a los individuos, sino que además, actualmente, están depredando a las clases medias, están creando una sociedad de “mileuristas” ahogados con impuestos, a los que, sí, permiten tener fines de semana, ver la televisión e irse de vacaciones, pero que están condenados a apretarse el cinturón para llegar a fin de mes y para vivir con dignidad. Es a esto, y no a otra cosa, a lo que lleva el tamaño actual del Estado, es lo que empeorará si continúa creciendo. Es, además, lo que provoca tantas “necesidades” que el Estado “debe resolver”, como una pescadilla que se muerde la cola. Es lo que realmente constituye el colapso del sistema.

Muchos pensarán que, realmente, el bienestar general ha crecido paralelamente al tamaño del Estado, y es cierto. Pero no por ello, sino que ha sido gracias, y no cabe duda, a una infinita mejora de las condiciones en la mitad “libre” de la economía y la libertad, la que controlan los individuos. Una mayor presencia de los mercados y una mayor apertura al exterior. Y, tal vez más que todo, a la mencionada seguridad jurídica. Pero si esto, pese a ser enormemente mejorable, es el motor de nuestro bienestar, qué duda cabe que el crecimiento del Estado no es otra cosa que el freno. ¿Qué sucedería si reducimos esa mitad de la riqueza “intervenida” por el Estado a una dimensión bastante menor, y así aumentamos el ámbito en el que nos movemos con libertad? Que el Estado controle un cierto Presupuesto es necesario, pero ¿hasta qué punto? Se sorprendería, si es que no lo sabe usted ya, del porcentaje tan bajo que nos es realmente útil.

Es enorme la dificultad para detener el crecimiento del Estado, y hacerlo retroceder, si no es con un cambio de mentalidad en su papel, que queda de manifiesto en este ejemplo. Las políticas crecientemente intervencionistas que se llevaron a cabo en EE.UU. durante el siglo XX, enarbolando banderas de “necesidad de resolver problemas”, provocaron que la riqueza controlada por el Estado saltara desde un 8% del PIB en 1913, a un 31.1% en 1973, coincidiendo, y no por casualidad, con el estancamiento de su crecimiento. Casi pasó desapercibido este salto, pero no fue así con la llegada de la globalización, es decir, la apertura de los mercados que ha provocado un demostrado crecimiento, sobre todo, en los lugares más necesitados. La globalización ha sido atacada por los grupos de presión de los que dependen los gobiernos intervencionistas con tal ferocidad, que ante una mayoría de la opinión pública es sinónimo de algo injusto, malo y demoníaco. Pues ante esta “terrible apertura de mercados” a nivel mundial, la riqueza controlada por el Estado norteamericano pasó del 31.1% del PIB en 1973, a un “terrorífico” 30.1% en 1999. O sea, casi nada.

Es difícil, en efecto, cambiar un sistema, por nefasto que sea, si muchos parasitan ahí, si tantos tratan de trepar por el sistema para lograr los beneficios del pasto de los Presupuestos. Es, además de la interminable lista de contraindicaciones expuestas, una fuente inagotable de corrupción, en la que los políticos tienen en su mano el poder de llevar a cabo medidas arbitrarias, que con una simple decisión pueden favorecer a uno u a otro a su antojo. El Estado de Derecho —contrapuesto, por sorprendente que pueda parecer, al Estado del Bienestar— no da pie a ese juego de corruptelas, ya que elimina toda decisión arbitraria.

Las reformas que un sistema necesita no siempre vienen de la decisión de un político. Si se juega tanto personalmente, si vive de ello, procurará no llevarla a cabo. Es en la concepción de los ciudadanos donde tiene que cambiar esa forma de ver el mundo de la política. No es la cuestión tomar partido de uno u otro y defenderlo a capa y espada, sino dilucidar quién es el que puede garantizar una convivencia sin arbitrariedades, quién podría desmantelar el papel estatal de la “resolución de problemas” que se usa como gancho electoral pese a ser imposible y que, o conduce a un sistema totalitario, o queda en un intento, como actualmente sucede, en el que ni los problemas se resuelven ni se permite que los ciudadanos lo hagan.

Al final, si no ponemos fin al descontrolado crecimiento del Estado, si no fijamos unos límites nítidos al poder del mismo, no estaremos más que en un sistema que se adueña de nuestra riqueza con el argumento de resolver nuestros problemas, aboliendo nuestra capacidad de decisión y nuestras distintas escalas de prioridades, y con ello buena parte de nuestra libertad, mientras nos mantienen contentos con migajas del Presupuesto, con siestas y vacaciones, para así ocultar que no sólo es imposible solucionar dichos problemas, sino que además si somos fieles a los principios que rigen ese sistema el Estado crecería tanto que colapsaría. Es por ello que decía que este punto es la clave de bóveda del Estado de Bienestar. El punto que hace cada vez más difícil la inclusión del pensamiento liberal en la sociedad y a la vez, a la larga, lo que imposibilitará aplicar el contrario. La senda hacia una mayor libertad pasa por hacer caer esa dovela: por detener el crecimiento del Estado.