Una vez fijados los sujetos de la soberanía, la forma en la que deben elegir a sus representantes y los distintos compartimentos en los que debe distribuirse, de forma estanca, el poder delegado, llega otro gran debate: ¿De qué deben ocuparse dichos representantes? ¿Cuál debe ser el papel del Estado?

El movimiento liberal es amplio, hasta tal punto que sus defensores a menudo se baten en profundos duelos ideológicos. Sin embargo, es una de las ideologías que menos ha variado a lo largo de los últimos siglos. Esto no sucede por otro motivo que por basarse en unos principios claros, innegociables, e intrínsecamente humanos. Es, por otro lado, una de las ideologías más denostadas, más cruentamente atacadas y vituperadas por sus detractores. El propio Hitler afirmó que su auténtico enemigo ideológico era el liberalismo, lo que es bastante lógico: el liberalismo es el movimiento que defiende al individuo por encima del colectivo. Y vio en los judíos claros indicios de individualismo.

En una ocasión, con objeto de unas críticas proferidas a algún exceso del Estado, me preguntaron que si el liberalismo era parecido al anarquismo. Es cierto que las críticas de ambas ideologías disparan en la misma dirección: al Estado. De hecho, hay muchos liberales que dicen pertenecer a una rama denominada anarco-liberalismo, que, en mi opinión, alcanza un contrasentido. Desde mi punto de vista, el tiroteo del anarquismo y el liberalismo no conforma más que un fuego cruzado. Los argumentos que emplean los liberales igualmente deberían llevarse por delante los de los anarquistas: la Libertad —para un liberal— debe ser protegida. Y el anarquismo, pese a enarbolar estandartes de Libertad a la hora de crear eslóganes, realmente se estructuran en torno al libertinaje, que es negación de la Libertad. Se basan en la no protección de los individuos; en que la violación de la Libertad del prójimo debe ser impune. Es por ello que concluí, tajantemente, diciendo que no son parecidos, sino opuestos.

El individuo no puede hacer lo que desee, como en el caso del anarquismo, pues fácilmente puede irrumpir en la Libertad del prójimo, y coartarla o anularla. Para ello, el individuo debe estar sometido a unas leyes, de tal forma que regulen la no intromisión en la Libertad ajena, protegiendo la vida y la propiedad. De ellas surge lo que se llama Estado de Derecho, en contraposición del Estado de Bienestar auspiciado por las ideologías socialistas. Para ello —y aquí llega otro punto de confrontación— es necesario que exista una igualdad de oportunidades, desde la que poder desarrollar las actividades humanas. Ésta se establece a través de la Igualdad ante la Ley, que se contrapone, a su vez, con la que exige el socialista Estado de Bienestar: la Igualdad mediante la Ley.

Es decir, que en el Estado socialista la Ley debe imponer una “igualdad” artificial, mediante redistribución de riqueza, nacionalización de los bienes de producción o —como sucedía con el comunismo o, actualmente, con el socialismo en muchos lugares del planeta—, la supresión de la propiedad. Y para que esto pueda producirse es necesario que no todo el mundo parta del mismo punto, sino que la Ley se dirija a reajustar continuamente la propiedad de cada individuo con el fin de obtener una igualdad de resultados. Que haga distinciones entre unos individuos y otros, agrupándolos en “colectivos sociales”, y que el Estado “arregle” en cada caso sus medios y bienes mediante decisiones, necesariamente, arbitrarias. Así, el concepto de mérito se devalúa en favor de la llamada “justicia social”, que es , por cierto, injusta. Con distinto esfuerzo, la Ley fuerza a que los resultados sean iguales, y no puede ser de otra manera que sustrayendo bienes a un individuo para entregárselos a otro.

Proteger la Libertad y establecer una igualdad de oportunidades, por tanto, son las principales misiones del Estado para los liberales, y partiendo de esta base, comienza a expandirse en múltiples ramas y facetas que, al final, conforman el sistema. Se extiende en lo económico, en lo social, en la vida cotidiana de los individuos. Y para ello, se apoya en varios puntos fundamentales.

Para proteger la Libertad es vital defender la propiedad privada. La seguridad jurídica en la propiedad es, sin duda, el más importante de los rasgos que permiten el crecimiento real. Un crecimiento en todos los sentidos. Para ello, ésta ha de ir acompañado de la necesidad de defender que cada cual pueda hacer con su propiedad lo que desee mientras no coarte libertades ajenas. De garantizar la libertad de uso de los bienes propios. Esto lleva —y es uno de los puntos más importantes— a la necesaria protección del mercado.

El mercado no deja de ser el libre intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, a menudo es atacado por ser visto de un modo equivocado —intencionadamente equivocado—, como si los intercambios fueran un juego de suma cero. Al contrario. En el mercado se toman materias primas, y se elabora un producto más sofisticado al que se le añade un valor extra, fruto del propio trabajo del individuo, con lo que la riqueza se crea y se transfiere. Es decir, se trata de un juego de suma positiva. De esta manera, el Estado debe proteger, simplemente, que se cumplan los contratos acordados y la libre competencia. No es casualidad que en los países pobres, por ejemplo, no haya mercado, ni se proteja la propiedad privada ni la Libertad, y sea en los que sí se protege no sólo en los que mayor riqueza y bienestar hay, sino que, además, se da de forma que llega a toda la sociedad, sin excepción.

Hilando más fino, se puede afirmar que, realmente, en el mercado sólo pueden prosperar aquéllos que aporten un beneficio a la sociedad, entendiendo ésta como un conjunto de individuos libres. Si el producto o servicio que se pone a disposición del prójimo en el mercado es útil, y así lo entiende la sociedad, será adquirido, y reportará al suministrador un beneficio de igual valor que el añadido al producto intercambiado. Es una situación de equilibrio en la que son los individuos los que, en pleno uso de su Libertad, sólo aceptan el intercambio si lo consideran justo. Tiene lógica pensar que en caso de salir alguna de las dos partes perjudicada en el intercambio, en caso de que se dé en un mercado en garantía de librecambio y despojado de toda traba, éste no se daría. Esto, en caso de mercado intervenido, no puede asegurarse.

Este punto de vista del mercado libre está, en estos momentos, completamente distorsionado por haber sido asimilado al egoísmo, a “intereses personales”. Sin embargo, de hecho, los motivos que mueven al individuo a la hora de comerciar en el libre mercado quedan a un lado, ya que, por muy bondadosos que sean dichos motivos, por mucho esfuerzo u horas que se hayan concedido a la elaboración del producto o a la calidad del servicio, si no aporta un beneficio a la sociedad, el comerciante no prosperará. Esto es lo que hace que el mercado, precisamente, sea un sistema justo.
Los detractores del mercado rápidamente encuentran fallos, por doquier, culpan a éste de casi todos los males, y no tardan en exigir la irrupción política. En un alarde eufemístico se le denomina a menudo “corregir” el mercado, pero no dejan de ser, muchas veces, exigencias de quién no desea la libre competencia. Es por ello por lo que, en el momento actual, existen infinidad de barreras que dificultan el libre comercio, todas fruto de la presión al sector político, o de “promesas” de éste a algún “sector social” por su necesidad de cosechar votos. Existen barreras para muchos insalvables —casualmente, insalvables por los más necesitados— que impiden la incorporación de nuevas empresas a la competencia y se ponen obstáculos a la entrada de productos exteriores, con lo que no se hace sino favorecer a empresas más ineficaces. Poco a poco, las regulaciones del mercado se hacen más habituales, provocando que las empresas ineficientes no tengan rival, y haciendo ascender el precio de los productos. Hecho, por cierto, que sufre el único al que nadie protege: al consumidor.

A su vez, es creciente el intervencionismo dentro de las empresas, por ejemplo, estableciendo cuotas en los consejos de administración, o dificultando la entrada de trabajadores y haciendo ascender el paro, accediendo así a las exigencias de los grupos sindicales, de modo que los trabajadores ya asentados vean engordar sus nóminas mientras disminuye su trabajo encomendado a costa de una mayor ineficiencia, de un mayor coste de los productos, y mayores aumentos de precio. Pero, sin duda, lo más contradictorio es que provoca una creciente dificultad para encontrar trabajo a los aspirantes cualificados, blindando los puestos de trabajo a la fuerza mientras se lleva a cabo la total coacción del libre contrato.

Protegiendo al empresario frente a la competencia, a unos trabajadores frente a otros, o a unos “sectores sociales” frente a otros individuos, se provoca la debilitación del mercado, y se entra en un ciclo que se realimenta —es más difícil consumir, y por lo tanto, también se va haciendo más difícil producir, y se exigen más intervenciones para “salvaguardar” los intereses—, y que va ahogando y ralentizando a la sociedad. Se provoca, por ejemplo, que los necesitados vendan La Farola en los semáforos, en lugar de prosperar vendiendo El Mundo o El País: se les impide prosperar prestando un servicio a la sociedad para evitar la competencia entre quiosqueros, obligándoles, así, a la mendicidad. Esto es, como ya he dicho, proteger al empresario ineficiente frente a la competencia, en detrimento de los parados, de los necesitados y, por supuesto, del consumidor. Curiosamente, en detrimento de aquellos a los que los “socialismos” —F. A. Hayek, con tino, dedicó su libro “Camino de servidumbre” a los socialistas de todos los partidos— prometen una vida mejor. La contradicción, además, radica en que consumidores somos todos, y todos sufrimos los efectos del intervencionismo. Incluidos, crease o no, empresarios, periodistas, artistas y políticos.

Es necesario que la gente se conciencie del verdadero papel que el Estado debe jugar. Debe ser el que proteja el mercado, el libre intercambio, el libre contrato, debe aflojar las trabas a empresas y a trabajadores, debe proteger de coacciones y violaciones de la Libertad del individuo de otros individuos o colectivos. Pero nunca, como es habitual, con otros recortes de Libertad.
En nuestras reformas necesarias debemos abordar, tal vez como base para llevar a cabo las más importantes, un cambio en el papel del Estado. Es necesario que la gente tome conciencia de que hay un único monopolio ineficiente y coactivo ante el que no puede defenderse nadie, y que, cada vez, vuelve a ocupar más espacios de la Libertad y de la vida privada de los ciudadanos: el propio Estado. Es por ello por lo que es fundamental que el Estado no funcione como agente redistribuidor, sino como árbitro, y como protector, no de intereses particulares de colectivos “sociales”, por muchos votos que éstos puedan remitirles, sino de la Libertad del individuo por encima de todas las cosas.

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(Éste es el tercero de una serie de artículos sobre reformas necesarias que iré intercalando con los de análisis de la actualidad, tratando de despertar la conciencia ciudadana de forma que se avance hacia la libertad sin complejos, pujando por un necesario progreso hacia un sistema auténticamente liberal del que los políticos, a la hora de la verdad, son enemigos).