Medio millar de manifestantes ocuparon ayer las calles de Amorebieta. La alegre cuchipanda estaba prohibida por el Gobierno Vasco y así se lo hizo saber la empresa de seguridad privada del Ejecutivo, o la Ertzaintza si lo prefieren. Los quinientos de Filipinas actuaron en consecuencia y, previa negociación, en lugar de marchar se quedaron. Es decir, se concentraron cual zumo industrial. El tinglado tenía como objetivo protestar contra la represión y cosas similares. O sea, contra ellos mismos.

Estuvieron presentes Joseba Permach, Joseba Álvarez y Marije Fullaondo, entre otros animales salvajes, todos ellos pertenecientes a la ilegalizada Batasuna. Gritaron, corearon y barritaron consignas como: iros de aquí o pagaréis los muertos y alguna burrada más. Sin embargo, como eso no son amenazas ni apología del soplapollismo... pues no pasó nada. Luego cantaron el Eusko gudariak (canción al soldado vasco) espantando hasta a las vacas con tales alaridos. Y terminando la canción, parte de los enardecidos abertzales se desmarcaron del grupo y comenzó el jolgorio: a patear contenedores se ha dicho. Aquí sí he de elogiar la actuación de la Ertzaintza, que intervino con contundencia y, gracias a los múltiples efectivos que vigilaban a los folloneros en todo momento cuando la kale borroka brotó de entre los manifiestamente etarras, pudo actuar presta y detener a uno.

Así, una vez más, esa “policía”, —añado comillas para no ofender a ningún policía de verdad comparándolo a estos mequetrefes— tan cumplidora con su deber que no vamos a tener en cuenta eso de que no jura la constitución, ha salvaguardado la integridad de los vascos... que no lo necesitan y desamparado a aquellos que deben miran debajo de su coche todas las mañanas gracias a los primeros.

Por mucho que los tribunales pretendan que ondee una bandera española en las comisarías de la “policía” autonómica vasca —temo que no merece las mayúsculas aunque me haga incurrir en falta ortográfica gorda— no tendremos la seguridad de que proteja los derechos constitucionales del ciudadano pues cree tan poco en ellos que reniega del documento que los contiene.