A lo largo de la Historia, en asuntos de poder, se ha dado una importante evolución. No siempre en progresión, no siempre en el buen sentido, pues muchas veces se ha involucionado. Pero sí se aprecia, con tan sólo conocimientos básicos de la Historia de la civilización, un recorrido global de balance positivo. Esta evolución no es otra que la del debate sobre quién debe poner en práctica la carga del poder.

Una vez establecida la residencia de la soberanía —en la ciudadanía, en el sentido amplio del término—, y la forma efectiva y justa en la que el pueblo debe seleccionar sus representantes, queda por definir cómo se debe distribuir el poder delegado. Hay que decir que, aunque las bases teóricas están asentadas y generalmente admitidas, no están plenamente aplicadas. Y es una de las principales fuentes de problemas de la situación actual.

La civilización, el ser humano, comenzó organizándose por tribus. No sería justo equiparar todas, pues son muy variadas, pero tomaré la licencia de generalizar —a fin de ser ilustrativo— diciendo que solían usar el voto de la fuerza como sistema político. La ley del más fuerte, que se suele denominar. Esto provoca que todos los poderes recaigan en las mismas manos: las del jefe, el caudillo, el más fuerte; de forma que las interferencias provocan la corrupción del sistema. Es inevitable que, al final, se estructure sobre esclavos. De la misma forma, la civilización egipcia —“La civilización no suprime la barbarie; la perfecciona” (Voltaire)— agrupaba los cuatro poderes —incluido el religioso— en una persona: el Faraón. Esa senda la siguió recorriendo el hombre, de distintas formas pero igual esencia, en muchos de sus sistemas de convivencia.

Hojas y legajos alumbran en las bibliotecas a quién tenga despierto interés en conocer el pasado, y así, cómo es el ser humano. La civilización romana, con sus luces y sus sombras, terminó deviniendo de nuevo en un sistema faraónico con el Emperador como divinidad. La Edad Media, ominosa —aunque también brillante en algunos momentos que no suelen plasmar los libros de Historia del instituto—, también pecó de este mal en su conocido sistema feudal. Igualmente podrían mencionarse las monarquías absolutistas o las recentísimas dictaduras —África, Asia y parte de Sudamérica aún tienen un arduo camino que recorrer— como graves ejemplos de autodestrucción por no separar los distintos poderes.

Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, vivió una época vibrante de la Historia. El Absolutismo de Luis XIV atenazaba Francia, pero Montesquieu —así como los integrantes de aquel espíritu de la Ilustración, que tomó el testigo de la Grecia Clásica para seguir trabajando sobre su herencia— observaba la situación de Inglaterra, que ya había evolucionado hacia la Monarquía Parlamentaria. En ese contexto, nació la teoría de la División de Poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, de forma que la estanqueidad, la no interferencia entre ellos, garantizaba una reducción de la corrupción —y el colapso—del sistema. Éste fue el Legado de Montesquieu, ya apuntado por intelectuales tan distintos como Hamilton, Locke, Rousseau, o el propio Aristóteles, hoy admitido por todos como distribución óptima del poder. Es la base sobre la que los ilustrados decían que se debía levantar lo que llamaban el Estado de Derecho. Pero, paradójicamente, no ha sido aplicado en nuestro sistema.

En España, así como en muchas otras naciones y estados del mundo, se alardea de separación de poderes, pero para ocultar que no es así como funciona nuestro sistema. Empezando por que el órgano Legislativo y el Ejecutivo se confunden en una misma votación —elecciones generales, dicen—, de forma que tanto el Ejecutivo tiene poderes en la creación de leyes, como el Legislativo en la Ejecución de las mismas. De hecho, es el propio Legislativo el que elige al Ejecutivo, y no necesariamente al grupo más votado por los ciudadanos. Esto provoca que se usen leyes, y diferentes ejecuciones de las mismas, como moneda de cambio, o, sin ir más lejos, como herramienta según el interés político de cada momento, y no como un mecanismo independiente de las apetencias personales de los representantes.

Por otro lado, y de forma más grave aún —queda en evidencia por la forma en la que muchos subestiman la inteligencia del ciudadano negándolo rotundamente—, padecemos una gran interferencia entre el Poder Judicial y el dúo Ejecutivo-Legislativo —que llamamos Poder Político, y nos quedamos tan frescos—. Es el propio Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, el que selecciona Jueces, Fiscales y Abogados del Estado, y el que controla el Consejo General del Poder Judicial, que, paradójicamente, es el encargado de velar por la estanqueidad del Poder Judicial.

Los problemas que esto genera pueden comprobarse mediante el uso de la Fiscalía por parte del Gobierno, cosa a la que ya estamos habituados, y que siempre que queda de manifiesto, se ve que es nocivo para las libertades del ciudadano. Es bueno, eso sí, para el político que pretende eternizarse en el poder.

No soy un experto, y seguro que he cometido más de un error de apreciación, o no he atendido a alguna ventaja que el sistema actual proporciona. Tan sólo he pretendido dejar patente, atendiendo a la Historia, de la mejora que se da en las libertades individuales al quitar de manos únicas todos los poderes, sin entrar en pormenores.

En una civilización desarrollada como ésta, ya en el siglo XXI, en la que tanto se ha evolucionado y tanto se han extendido las libertades, no es el momento de detener el progreso por no convenir a los políticos de turno —sin duda poderosos que temen perder poder, fieles a la esencia humana— y concluir la División de Poderes en compartimentos estancos, que no interactúen entre sí. Ese es el valiosísimo legado que Montesquieu, y muchos otros, nos dejaron sobre el papel, y que hay que abordar en nuestras particulares reformas necesarias.

Al fin y al cabo, tal y como dijo Simón Bolívar —cómo se nota que el faraónico presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tiene narices, de tanto adorar a Bolívar por lo malo que tenía, no tiene tiempo para aprender lo que decía—: “Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos”.

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(Éste es el segundo de una serie de artículos sobre reformas necesarias que iré intercalando con los de análisis de la actualidad, tratando de despertar la conciencia ciudadana de forma que se avance hacia la libertad sin complejos, pujando por un necesario progreso hacia un sistema auténticamente liberal del que los políticos, a la hora de la verdad, son enemigos.)

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