Vivo en lo que se conoce como “barrio obrero”,  aunque últimamente (concretamente desde el 15 de marzo de 2004) se echaba en falta esa acción social que reapareció repentinamente ante los problemas del Prestige tras mucho tiempo de tranquilidad y se extendieron hasta el ultimo día de la campaña electoral a la Presidencia del Gobierno y que ahora ha vuelto a renacer  gracias a cierta nueva ley de la Junta de Andalucía.

Mi barrio es uno de esos barrios medio apelotonados en los que una plaquita con una casita, un yugo y unas flechas señalan que esas viviendas eran de protección oficial, construidas algunas a finales de los 60 (parte antigua del barrio, edificios todos similares de 6 plantas de altura contando el bajo y 2 o 4 viviendas por planta) y otras a finales de los 70 (parte nueva del barrio, edificios de 4, 8 y 12 plantas contando el bajo, a 4 viviendas por planta). Alrededor de mi barrio creció lo que hoy se conoce como Sevilla Este, barriada con contrastes curiosos en la cual tenemos pisos de protección oficial y viviendas de renta libre que son exactamente iguales... salvo en los papeles.

Una de las cosas que más me llamó la atención del piso a donde nos fuimos a vivir eran los papeles de las escrituras. Con un pulcro mecanografiado hecha por un pasante o un administrativo de un notario, y firmada por éste, indicaban lo que era la vivienda, y junto a ella las condiciones en las que la vivienda se transfería. Asimismo, informaba de todas las limitaciones, algunas bastante curiosas (¿cómo voy a poner una farmacia en un quinto piso?), pero otras bastante comprensibles, como la limitación en el precio de venta.

Todo esto es muy bonito sobre el papel, pero la triste realidad es que no se hacía, ni se ha hecho respetar la ley hasta ahora. Las viviendas de protección oficial formaban parte del boom inmobiliario, y se compraban y vendían a unos precios increibles. El piso de mis padres ha visto multiplicado su valor por 12 desde que lo compramos, por poner un ejemplo. Los jóvenes como yo no podemos acceder ahora mismo a una porquería de vivienda por las que nos pueden clavar perfectamente 300.000 € en Sevilla. La última vez que fuí a mirar una vivienda de protección oficial, me tenía que apuntar en una lista en la que entraba por SORTEO y además, bajo cuerda, me obligaban a comprometerme a comprar una plaza de garaje adicional y un trastero que NO entraban en el precio de protección oficial, y además tenía que firmar un papel en blanco SI QUERÍA OPTAR A ENTRAR EN EL SORTEO. Obviamente, el papel en blanco lo firmó Obi-Juan Kenobi (sí, sí, de su puño y letra, yo fui testigo...) y aún así entre en el sorteo y quedé de los últimos reservas.

En la actualidad, la Junta de Andalucía ha promulgado una ley por la que se hace, por una vez, respetar la legislación. Pero en mi opinión, se hace respetar la ley de una manera abusiva. La Junta ha entrado a saco en un mercado con una medida que ha perjudicado a muchas, muchísimas personas que, si bien transgredían la ley, tampoco veían necesidad de respetarla, porque nunca se había hecho. Es como una señal de dirección obligatoria de mi barrio  a la que nadie hacía caso, hasta que los municipales se apostaron una semana allí y convencieron directa o indirectamente a todos los vecinos que esa calle concretamente era dirección única.

Mi opinión en este caso es muy clara: La Junta de Andalucía tiene toda la razón EN EL FONDO, pero no en LA FORMA. Si bien estas viviendas de protección oficial deben pasar por ciertas condiciones de mercado, se ha aplicado una retroactividad a la normativa que para ciertas personas resulta altamente perjudicial. A mi me gustaría saber, por ejemplo, si ciertos chalets que son viviendas de protección oficial y que están en el Aljarafe sevillano, valorados en 70 millones a precio de mercado, se van a vender a 15 millones, que es su precio como VPO que son. Por supuesto, me gustaría saberlo para comprarme uno ipso facto.

En mi opinión, la junta lo que tiene que hacer es preocuparse por todas las promociones de VPO que se hagan A PARTIR DE AHORA. Porque las suspicacias sobre la aplicación de esta ley que se oyen por la calle son:

- “La Junta pretende comprar las viviendas de protección oficial para meter a los chabolistas del poblado conocido como “el vacie” (donde vivía el presunto asesino que tiroteó hace escasas fechas a un celador, hecho que ha tenido gran repercusión en los medios), o a gitanos rumanos de otro poblado o a negros o a sudamericanos en ellas, y hacerlo pagándolas muy baratas con nuestros impuestos, con la cosa esa del “tanteo y retracto”. (Nota aclaratoria: Personalmente prefiero decir “negro” y no el muy aséptico y políticamente correcto “subsahariano” porque el racista Pieter Botha, último dirigente sudafricano anterior al final del Apartheid que vino de la mano de Frederik De Klerk, TAMBIEN ES SUBSAHARIANO).

- “ Los amiguetes de los de la Junta se han enterado de esto y rápidamente se han quitado de encima las casas de protección oficial que tuvieran, han hecho caja y nos han dejado aqui pudriéndonos.”

- O la variante de la anterior: “Los amiguetes de la Junta han sacado esta ley para que suban las viviendas de renta libre y así especular con las que ellos tengan, ya que la ley hará subir a la fuerza las viviendas de renta libre”. De hecho, a mi me acaban de ofrecer ya 5 millones mas por mi piso de lo que me ofrecieron la ultima vez que eché con cajas destempladas a un comprador. Porque sí, señores aunque parezca increíble, hay gente que va llamando de puerta en puerta y hacen ofertas  PAGANDO DINERO EN MANO... ¿qué extraño, verdad? ¿Un tío dando vueltas por ahí con 180.000 euros metidos en el maletín?

Yo quiero que la Junta de Andalucía salga al paso de estos rumores que he citado y de otros mas truculentos y clarifique la situación de una vez. ¡Porque es curioso que esta ley la aprobase el PSOE e inmediatamente 8 diputados de este grupo político sacaran un proyecto de ley de reforma de la ley recién aprobada! Si sabíais que la ley estaba mal hecha y que había que reformarla ¿por qué votasteis que sí? Y si no sabíais que la ley estaba mal hecha ¿se puede saber a quién tenemos sentado en los escaños del poder legislativo andaluz?

Y si usted se ha liado leyendo tantas veces la palabra “ley” en el texto anterior, enhorabuena: Esta usted como muchos propietarios de VPO andaluces, porque con tantas leyes y reformas de leyes, ¡esto parece una tómbola normativa! ¡Sobre todo cuando todo esto se hace en el nombre de una ayuda de 300.000 pesetas que en su momento dió la Junta de Andalucía y que usted puede ser que no haya llegado ni a ver, consumida entre gastos de hipoteca y escrituras! Y ojo, que si usted quiere vender su casa, tiene que devolver dicha ayuda... ¡HAY QUE PAGAR PARA VENDER!...

En resumen: ¿SE PUEDE SABER QUÉ DEMONIOS HA PASADO AQUI?