El pasado sábado, en el Diario ABC, se publicaba un editorial respecto a la postura del Gobierno por controlar judicialmente las páginas web ampliando, por si fuera poco, el ámbito de actuación de entidades como, por ejemplo, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ante actividades presuntamente vulneradoras de la propiedad intelectual. Un artículo que empieza bien, diciendo que “Se incrementa la presión que ejercen sobre el Gobierno ciertas entidades de gestión de los derechos de autor”; pero, como dice nuestro gran refranero español, “contra el vicio de pedir está la virtud de no dar”.

Ya he hablado de este asunto en varias ocasiones, pero la persistencia del Gobierno Socialista, así como su conocida manera de actuar ante los ciudadanos -enviándonos “globos sonda” como si no tuviéramos dos dedos de frente-, requiere de la necesaria difusión por parte de todos para exigirles que desistan de censurar la Red. Cuando ya se había retirado de la LISI el polémico artículo 17 bis, que permitía a dichas entidades cerrar o bloquear páginas web sin orden judicial, el asunto reaparece en otro Anteproyecto de Ley que empieza a circular y que ha sido remitido a informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.

Por supuesto, los derechos de autor deben ser protegidos, pero no vulnerando gravemente los principios más elementales del Estado de Derecho. Como bien se expone en la web de ColorIURIS, el reconocido sistema mixto de autogestión y cesión de derechos de autor que yo utilizo para mi bitácora, es una necesidad el hecho de “preservar los derechos morales y fomentar -a un tiempo- la libre circulación de la cultura y la protección de los contenidos en la red”.

A día de hoy, cuando la gran mayoría de los españoles todavía no entendemos que tengamos que pagar un canon por adquirir artículos como los CD’s, DVD’s, discos duros, etc., y que esto no sirva para adquirir algún tipo de derecho, desde Moncloa prosiguen su amenaza por controlar lo incontrolable. Y digo incontrolable porque, aunque no quieran verlo -o quizá porque sí lo ven-, Internet es el sistema de comunicación más poderoso que jamás ha tenido en sus manos el ciudadano, y luchar contra esto es un imposible, una temeridad y, para que lo entiendan los ‘eruditos’ del Gobierno de D. José Luis Rodríguez Zapatero, la manera más rápida de perder el apoyo de los electores.

La Asociación de Internautas, que está trabajando muy bien para dar a conocer a los usuarios de Internet las intenciones que comprende esta Ley, ha elaborado un pequeño listado sobre algunos de los hechos que la convierten en “todo un ataque a los usuarios de intercambio de archivos P2P”, como por ejemplo:

• Convierte al prestador de servicio en árbitro o en policía de la Red para acusar a tus clientes de las ilicitudes que un tercero diga que se realizan. El reparto de cargas sobre el que bascula el sistema de colaboración es desproporcionado a favor de las entidades y asociaciones beneficiarias.

• Pretende introducir una garantía judicial sin contenido real ya que tras la presentación de la solicitud de diligencias preliminares no hay que esperar a que el Juez se pronuncie acerca de su procedencia o improcedencia.

• Puede afectarse por Ley ordinaria los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones y además en una atmósfera de ausencia absoluta de garantía de intervención pública en todas sus formas.

Hay más puntos importantes, que pueden leerse a través de este enlace, pero me parece un buen ejemplo de lo que nos espera si el Gobierno resuelve consumar su gran fracaso, naufragando en este océano que es Internet y, finalmente, pereciendo a la deriva porque no habrá una ‘red’ que les salve.