España también tiene una víctima en esta fecha imborrable para los venezolanos defensores de la libertad y la democracia, con su saldo de 19 muertos y 150 heridos. Que será trasmitida de generación en generación, como emblema de la valentía impresa por más de un millón doscientos mil personas, que salieron de forma pacífica, con su bandera en mano como única arma, en defensa de su legítimo derecho a la protesta, y de pronto se encontraron con la fatalidad.
Por este medio, Debate 21, el 10 de noviembre del año pasado escribí sobre este día bajo el título “Gamallo, un español víctima masacre 11A”:
http://www.debate21.com/articulos_1616.html
Decía en este artículo que fue repatriado a Galicia, su lugar de origen, con síndrome de afectación neurológica severa, en estado de coma vegetativo, por el impacto de bala recibido en el cerebro. A los días murió. Su expediente tuvo que ser llevado junto a otros casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el cual fue admitido el pasado 21 de octubre de 2006, en virtud de la falta de investigación por parte del Ministerio Público y el sistema de justicia venezolano.
Como será, que hasta el presente ninguna de las aproximadamente 50 personas entre funcionarios y pistoleros afectos al gobierno, captadas en video y fotos, plenamente identificadas, disparando desde las llamadas esquinas Muñoz, Piñango y Puente Llaguno hacia el Sur de la Avenida Baralt, en el centro de Caracas donde ocurrieron la mayoría de las muertes, ha sido detenida, juzgada y menos aún condenada.
A otras, les dictaron medidas de privativa de libertad pero casi inmediatamente fueron sustituidas por simples medidas de presentación. O gozan de libertad plena, y aunque sea difícil de creer, se han gratificado con monumentos en su honor.
En cambio, los 3 comisarios y 8 efectivos de la Policía Metropolitana, que actuaron en nuestra defensa durante esa marcha gloriosa convertida en masacre del 11 de abril del 2002, se encuentran presos, con toda clase de violaciones al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa. Un promedio de 96 ciudadanos, unos, civiles y otros, militares de las fuerzas armadas, se encuentran en condición de imputados o condenados por supuestos actos de rebelión. Cientos con prohibición para salir del país.
Y hoy a 5 años de la masacre, hemos visto como el régimen de Hugo Chávez ha publicado desplegados en los periódicos de circulación nacional, para establecer responsabilidades sobre su tesis de Golpe de Estado. No importaron tanto las muertes, los crímenes, los heridos, como si el limitarse a investigar a todas aquellas personas con supuesta responsabilidad política.
Martha Colmenares
marthaccolmenares@yahoo.com
Caracas, abril 10 del 2007

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