Hace tiempo discutía con tres liberales de pro, más bien radicales, en una tertulia emitida por una televisión financiada o auspiciada por la Iglesia Católica – a la que no me han vuelto a llamar, por supuesto – sobre la utilidad o la pertinencia de destinar el famoso 0,7 % del PIB para ayudar al desarrollo de aquellos países cuyo nivel se halla muy por debajo del que conocemos en las sociedades occidentales. Como se puede suponer del escenario propuesto mi soledad argumental era de pasmo, ya que el entorno “liberal” se opone a toda intervención del Estado en cualquier cosa, máxime si tiene que ver con el ámbito de actuación de la archiconocida “mano invisible” que descubrió al mundo el notable economista británico Adam Smith y que llevó a la miseria más espantosa a buena parte de la clase trabajadora de la insularidad anglosajona – hasta tal punto que otro insigne liberal, John Maynard Keynes, hubo de retocar el sistema para asegurar su pervivencia a través del impulso estatal de la demanda, una intervención que hasta el momento resultaba “intolerable” –.

Según mis contertulios liberales que el Estado, digamos de un país como España, destinase el 0,7 % de su PIB para contribuir al desarrollo de otro Estado en franca situación de inferioridad, pongamos por caso Nigeria, resultaba no sólo inconveniente, sino profundamente desastroso, puesto que condenaba a la dependencia y al subdesarrollo a quien se pretendía, precisamente, sacar de esa situación. Piensan estas ilustres mentes preclaras que, en realidad, lo que coarta el desarrollo de los países es, precisamente, que tienen Estado, puesto que si se elimina el Estado y se deja a la población al albur de las sabias leyes del mercado de libre competencia la riqueza aflorará por la mano invisible, llenándolo todo de prosperidad y desarrollo. En estos momentos ni siquiera los gobiernos más liberales del mundo suscribirían tal afirmación, más por esperpéntica que por contraria a su ideario, puesto que todo el liberalismo “civilizado” ha entendido, por activa y por pasiva, que abandonarse a la suave melodía adormidera del zumbido que produce el normal funcionamiento del mercado de libre competencia no sólo conduce inexorablemente a la miseria, el hambre y la guerra sino que condena a la autodestrucción al sistema. Claro que, en el orden contrario, esto es, cuando todo es Estado y no se deja espacio a la libre competencia, el pan de hoy se convertirá, sin ninguna duda, en el hambre de mañana; y eso sin hablar de la pérdida de autonomía personal, la rebaja intolerable de los derechos humanos individuales y la dilución reprobable del valor del individuo en la masa informe de la que emerge una casta de gobernantes que asumen el beneficio propio como bien común.

Sin embargo, si el 0,7 % se traduce en “cooperación para el desarrollo” y se vehiculiza convenientemente la ayuda para que, en efecto, se potencie la autogestión y el autodesarrollo de las sociedades a las que se pretende ayudar, la cosa irá viento en popa. Pero, si, por el contrario, como ha estado sucediendo hasta el momento, el 0,7 % se traduce en caridad y en dependencia externa, enriquecimiento de la casta gobernante y se sumerge en la corrupción del aparato estatal, no sólo no servirá para cooperar al desarrollo – al menos no de la sociedad en general – sino que condenará al subdesarrollo crónico a la sociedad a la que se pretende ayudar. Parece que este asunto lo ha entendido bien la Generalitat Valenciana, que hoy hace gala, en un anuncio de televisión, de destinar tal cantidad del PIB de la Comunidad Valenciana para ayuda a la cooperación para el desarrollo, seguramente para espanto de mis amigos liberales, que verán como el PP, que gobierna la Generalitat, traiciona horriblemente esos principios sagrados del liberalismo decimonónico, aquello que decía sobre la bondad de la mano invisible de Smith y los efectos beneficiosos del libre juego de competencia en el mercado. Resignación, amigos, que la racionalidad tiene estas cosas.