Se trata de un joven privado ilegalmente de su libertad, desde hace más de dos años. Definitivamente el estado venezolano no quiere terminar de sentenciar a Raúl Díaz Peña. Era estudiante de ingeniería civil en la Universidad Santa María, y por frecuentar la Plaza Altamira, el lugar donde Militares Democráticos se declararon en desobediencia legítima el 22 de octubre de 2002, contra el régimen de Hugo Chávez, de pronto se encontró acusado de haber participado en las Explosiones de la Embajada de España y el Consulado de Colombia. Propios y extraños sabemos que las imputaciones no tienen fundamento.

Este es un caso conmovedor, como otros tantos de jóvenes en condición de presos políticos, que tiene la fe perdida, y su nivel auditivo está en riesgo, a punto de perderlo. Esta afección es anterior a su encarcelamiento, pues ya había sido intervenido quirúrgicamente, pero se agrava, por la negativa para que pueda recibir la urgente asistencia médica que requiere, más cuando la humedad de la celda en la DISIP, el organismo de seguridad del Estado donde se encuentra, es severamente contraindicada. Por cierto, tampoco es el sitio natural que por ley le corresponde, ya que este organismo, es un lugar de detención más no de reclusión, siendo un imputado por más de dos años.

Tampoco se han respetado las medidas que se lograron por gestiones con organismos internacionales, de protección a su favor que aún no han sido levantadas. Toda clase de argumentos jurídicos han sido negados a su abogada, la doctora Aura Bartolomeo Díaz, para lograr una sentencia (1), y el traslado para su atención médica urgente, no se ha efectuado por cuanto el tribunal no envía el oficio autorizando el mismo, a los fines de lograr que el joven sea evaluado y medicado debidamente. Continúa con la dolencia, a riesgo de perder totalmente su capacidad auditiva. Esto ocurre en Venezuela. Está perdiendo su audición. Y perdiendo vida, lentamente.

Cita 1:
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